La Procuraduría General de la Nación ha dado un plazo de dos días al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que responda sobre las deficiencias en las medidas de seguridad implementadas en las cárceles del país, especialmente tras el asesinato del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. La solicitud incluye un informe detallado sobre las acciones de protección tomadas para garantizar la vida y seguridad de los directivos penitenciarios y otros funcionarios amenazados por grupos criminales.

El requerimiento fue formalizado a través de una carta enviada al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, y firmada por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento. En el documento, Sarmiento exige información precisa sobre las acciones y adquisiciones urgentes que se plantearon tras la declaratoria de emergencia carcelaria en febrero pasado, destacando la necesidad de saber cuáles de estas medidas se han concretado y cuáles no.

Además, la Procuraduría ha solicitado copias de todas las solicitudes de protección dirigidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en respuesta a las amenazas recibidas por el coronel Fernández y otros funcionarios penitenciarios. Esta solicitud incluye también las respuestas proporcionadas por la UNP respecto a estas peticiones.

La Procuraduría también ha pedido detalles sobre el plan de seguridad que se diseñó durante el consejo de seguridad convocado tras el asesinato del coronel Fernández. Este plan es crucial para entender las estrategias que se están implementando para proteger a los funcionarios del INPEC y prevenir futuros ataques.

El asesinato del coronel Elmer Fernández, ocurrido el 16 de mayo en la calle 80 con carrera 30, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario. Alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, negó cualquier implicación en el crimen, aunque el entorno de violencia y amenazas que rodea a las cárceles colombianas sigue siendo un grave problema.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, subrayó la importancia de esta investigación para asegurar que se están tomando las medidas necesarias para proteger a los funcionarios penitenciarios. “Es fundamental que se implementen y se supervisen adecuadamente las medidas de protección para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las cárceles, frente a las constantes amenazas de grupos criminales”, declaró Sarmiento.

La @PGN_COL rechaza el asesinato del coronel Elmer Fernández, director de cárcel La Modelo de Bogotá. Pide al Gobierno medidas urgentes para proteger a los funcionarios del @INPEC_Colombia y detener la violencia en las cárceles. #EsNoticia https://t.co/X83lhQdC7Y pic.twitter.com/jXIskkyaic

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 17, 2024

La denuncia interpuesta por el coronel Fernández

El coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, fue asesinado el 16 de mayo, apenas dos días después de que su denuncia por amenazas de muerte fuera asignada a un fiscal especializado.

El coronel Fernández había presentado una denuncia el 10 de mayo ante la Fiscalía General de la Nación, detallando una serie de amenazas de muerte recibidas en la puerta de ingreso vehicular de la cárcel La Modelo. Según su relato, el 9 de mayo, alrededor de las 10:00 de la noche, dos individuos en motocicleta dispararon tres veces contra la pared de la cárcel y dejaron panfletos amenazantes.

En los panfletos se podía leer una clara amenaza dirigida al coronel Fernández, aparentemente motivada por las requisas realizadas en el penal y un posible traslado del recluso conocido como ‘Pedro Pluma’. Uno de los panfletos decía explícitamente: “Para que vea que yo sí tengo poder y si me trasladan le mato la familia”, revelando la gravedad y el carácter personal de las amenazas.

En su denuncia, el coronel Fernández manifestó su temor por su vida y la de su familia, subrayando la peligrosidad del entorno carcelario en La Modelo, que alberga a individuos de alta peligrosidad. “Temo por mi vida e integridad, al igual que el de mi núcleo familiar, ya que en la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Bogotá cuenta con perfiles altos de seguridad de las personas privadas de la libertad”, escribió Fernández en el documento.

Esta denuncia, que incluía los delitos de amenazas y terrorismo, fue recibida por el módulo de recepción de denuncias del INPEC y posteriormente asignada a un fiscal especializado el 14 de mayo, solo dos días antes de su trágico asesinato.