Este miércoles, 15 de mayo, marca el inicio del juicio en la Corte Suprema de Justicia al excongresista y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, por presunto soborno a testigos. El caso surge en el contexto del mismo lío judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe, con acusaciones de intentar influenciar las declaraciones de personas privadas de la libertad a favor de Uribe. Prada, supuestamente, habría estado implicado en este esfuerzo por respaldar a su líder político.

Según la acusación, Prada formó parte de un grupo que intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado el “testigo estrella” en el caso que involucra a Uribe con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. El proceso contra Prada inició en 2018 con denuncias que advertían su actuación ilegal, y se mantuvo en la competencia de la Corte Suprema a pesar de su renuncia al Congreso para que su caso pasara a la Fiscalía.

La Corte Suprema determinó que la conducta presuntamente delictiva de Prada estaba relacionada con su función como congresista, por lo que mantuvo su competencia para juzgarlo. En agosto de 2022, Prada fue formalmente acusado por el delito de soborno en actuación penal.

Dentro del expediente, se encontraron pruebas que sugieren posibles vínculos entre Prada y Carlos Eduardo López Callejas, conocido como “Caliche”, un condenado que aparece en conversaciones donde se menciona una posible retractación de Monsalve.

La elección de Prada como magistrado del CNE fue una decisión de su partido, el Centro Democrático, que votó mayoritariamente a su favor en el Congreso en agosto de 2022. Esta designación ha generado controversia debido a las acusaciones en su contra y a su presunta participación en actividades ilícitas.

El pasado miércoles, Prada y el magistrado Benjamín Ortiz del CNE, presentaron un proyecto de apertura formal de investigación y formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su gerente de campaña en 2022, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación de la campaña del Pacto Histórico. Petro respondió calificando la ponencia como el inicio de un “golpe de Estado blando”.