La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la imputación contra el exsecretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por los delitos de esclavitud y secuestro, considerados crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

Tras un exhaustivo análisis de pruebas recopiladas durante cinco años, el tribunal de paz determinó que estos excomandantes son responsables de diseñar e implementar políticas que llevaron a la privación de la libertad de civiles, sometiéndolos a trabajos forzados y tratos crueles en medio del conflicto armado colombiano.

“El crimen de esclavitud fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, comunicó la JEP, confirmando entre los imputados por la JEP a figuras prominentes del partido Comunes, surgido tras la disolución de las FARC, como Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Jorge Torres (alias Pablo Catatumbo) y Julián Gallo (alias Antonio Lozada), quienes admitieron su culpabilidad en audiencias previas.

Otros exintegrantes del secretariado de las FARC a quienes se les atribuyó responsabilidad en estos crímenes son Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez), Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo o el Médico), Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez) y Pastor Lisandro Alape.

“Son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud, derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”, señaló la JEP sobre los exlíderes de las FARC.

Patrones delictivos y trabajos forzados

El magistrado Camilo Suárez explicó que la evidencia demostró la existencia de patrones delictivos en las FARC, con políticas diseñadas desde la cúpula para llevar a cabo secuestros y tomas de rehenes.

“Además de la privación de libertad, los secuestrados fueron sometidos a trabajos forzados en la selva. Esta práctica constituye un crimen de lesa humanidad”, subrayó Suárez, destacando que muchos comparecientes reconocieron haber participado en estas actividades.

La JEP determinó que las conductas de los exlíderes de las FARC cumplían con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para constituir esclavitud, incluyendo el control y la propiedad sobre las personas, la restricción de su autonomía y libertad de movimiento, así como la obtención de ganancias para los perpetradores.

“El consentimiento de la víctima no es relevante debido a que no es genuino por la presencia de amenazas, fuerza o coacción”, señaló la JEP al describir los indicios de esclavitud.

Próximos pasos y sanciones

Tras confirmar la imputación por estos graves crímenes, el tribunal de paz convocará una audiencia de verificación para determinar las sanciones correspondientes contra los excomandantes de las FARC implicados.

Según lo comunicado, estas primeras sanciones tendrían que empezar a implementarse antes de finalizar el presente año 2024, dando un paso crucial en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.