La controversia desatada por el decreto que estableció el pasado viernes, 19 de abril, como día cívico para entidades nacionales adscritas a la rama ejecutiva, ahora se traslada al ámbito legal. El abogado constitucionalista Germán Calderón España ha presentado una demanda contra el decreto 0500 del 18 de abril de 2024, argumentando que el Gobierno del presidente Gustavo Petro carece de competencia para emitirlo.

Calderón España sostiene que la modificación de días festivos civiles o religiosos requiere una modificación de la Ley 51 de 1983, expedida por el Congreso de la República. Según él, implementar un día cívico por decreto viola el principio de legalidad y va en contra de las disposiciones establecidas por el Consejo de Estado sobre las competencias y reglas de juego de las autoridades y los organismos estatales.

El abogado también hace referencia a la Ley 1437 de 2011, que establece que los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios hasta su publicación en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales. En este contexto, la demanda busca la nulidad simple del decreto 0500 del 18 de abril y solicita medidas cautelares para la suspensión provisional de sus efectos jurídicos, hasta que se resuelva la cuestión de su legalidad por parte del Consejo de Estado.

La demanda, dirigida contra la Presidencia de la República y varios ministerios, entre ellos el del Interior, del Trabajo, de Minas y Energía, del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Educación Nacional, plantea un desafío legal significativo para el Gobierno de Petro. La decisión del Consejo de Estado sobre la validez del decreto tendrá implicaciones importantes en cuanto al alcance de las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones de este tipo.