El conflicto entre Keralty, empresa que controla más del 80% de la EPS Sanitas, y la Superintendencia de Salud ha dado un nuevo giro con la presentación de una demanda penal por parte de Keralty. La medida se tomó después de que la Superintendencia interviniera en la EPS Sanitas en semanas pasadas, una acción que Keralty considera ilegal.

El abogado de Keralty, Juan David Riveros, explicó en una entrevista las razones detrás de esta acción legal contra la Superintendencia. Riveros destacó tres motivos principales que respaldan la demanda penal:

En primer lugar, argumenta que el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, debería haberse declarado impedido para tomar la decisión de intervención debido a manifestaciones previas en contra de la EPS Sanitas a través de sus redes sociales. En segundo lugar, la empresa de salud afirma que la motivación para la intervención de la EPS es falsa y no se ajusta a la realidad.

Finalmente, señala que se tomaron decisiones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico, incluyendo la privación de los socios de la EPS Sanitas de su derecho a la propiedad.

Además de la demanda penal, Keralty también presentó una recusación contra el Superintendente, alegando que no se declaró impedido a pesar de hacer declaraciones públicas en contra de la EPS.

La estrategia legal de Keralty busca recuperar la administración de la EPS Sanitas, considerando la intervención como abiertamente ilegal y fuera del marco legal vigente. Según Riveros, se busca que un juez suspenda el acto administrativo de intervención para cesar sus consecuencias.

Una de las acusaciones de la Superintendencia fue el supuesto incumplimiento de la habilitación financiera por parte de Sanitas. Sin embargo, Riveros niega estas afirmaciones y asegura que la EPS tiene reservas invertidas por $800.000 millones de pesos y continúa pagando a los prestadores de servicios para garantizar la atención de salud a sus usuarios.

Ahora, se espera la respuesta tanto del proceso de recusación contra el Superintendente como de la demanda penal contra la Superintendencia de Salud, mientras Keralty busca defender sus intereses y recuperar el control de la EPS Sanitas.

Supersalud ha actuado conforme a la ley

En respuesta a la demanda el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que la Superintendencia ha actuado conforme a la ley en todas sus intervenciones forzosas recientes.

Leal destacó que todas las medidas tomadas por la Superintendencia frente a Sanitas, Nueva EPS y SOS tienen un sólido sustento jurídico y cumplen con las normas vigentes. Afirmó que las cifras presentadas por la Supersalud son verificables a través de los documentos proporcionados por las entidades vigiladas y las auditorías realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

En cuanto a las presuntas irregularidades durante el procedimiento de intervención forzosa a EPS Sanitas, Leal enfatizó que las cifras presentadas por la Superintendencia son veraces y están respaldadas por documentos y auditorías. Además, recordó que su opinión como concejal de Bogotá en el pasado sobre la intermediación financiera no afecta su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones como superintendente de Salud.

Respecto a la visita de la Procuraduría a la Supersalud para recopilar documentación de soporte sobre la intervención de EPS Sanitas, Leal aclaró que se entregaron todos los documentos y archivos pertinentes que respaldan la decisión de la Superintendencia. Señaló que los expedientes solicitados por la Procuraduría no corresponden al expediente relacionado con la intervención de Sanitas y que se proporcionó toda la información necesaria de manera clara y oportuna.