La empresa Keralty, dueña de la EPS Sanitas, denunció ante la Fiscalía General de la Nación la intervención forzosa que ordenó la Superintendencia de Salud contra la entidad prestadora de servicios de salud. Según el abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, la medida es “manifiestamente ilegal”.

“Nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que una vez acredite lo que creemos es evidente, que es un acto ilegal, convoque una audiencia ante los jueces penales para que un juez tenga la posibilidad de suspender el efecto de la ilegalidad del acto”, manifestó Riveros.

Además, el abogado presentó una recusación en contra del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, al considerar que no puede decidir sobre casos de Sanitas debido a sus anteriores comentarios y posturas que demuestran “animadversión” hacia la EPS y su concepción de salud.

Keralty también buscará otras vías jurídicas como la contenciosa administrativa, la constitucional y hasta la internacional. Esperan llevar el caso ante instancias como Naciones Unidas y notificar una disputa en el marco de los tratados internacionales de inversión aplicables.

Por su parte, el Superintendente Leal aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de la denuncia penal y que la Superintendencia ha actuado conforme a las normas vigentes. Rechazó estar impedido para tomar decisiones sobre Sanitas, argumentando que como actor político tenía derecho a expresar su opinión en el pasado.

Leal advirtió que las cifras que justifican la intervención de Sanitas son reales y han sido comprobadas por las entidades de salud. La medida también aplica para otras EPS como Nueva EPS y SOS.

Con información de El Tiempo y Caracol