En un fallo histórico, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Colombia en una prolongada disputa legal contra la empresa extranjera Petroleum Exploration International (Pexín), otrora proveedora de servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos en el país.

El litigio, en el que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue representada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se centró en el ocultamiento de maquinaria importada temporalmente por Pexín en 2009 para un proyecto en Putumayo.

Pexín ingresó un equipo de perforación al país bajo un régimen de importación temporal a corto plazo, con un plazo inicial de seis meses prorrogado por otros seis. Sin embargo, la empresa desafió a las autoridades ocultando la existencia de la maquinaria, que había sido arrendada a la compañía Vetra.

A pesar de que la DIAN debió decomisar el equipo en 2011, este fue hallado operando cuatro años después en otro pozo de exploración en Putumayo. Una inspección clasificó los componentes como “chatarra”, pese a tener una vida útil de hasta 30 años.

Tras interponer una demanda contra Pexín, ya en reorganización, el Tribunal falló a favor de la DIAN al comprobar que la empresa no finalizó la importación temporal ni pagó los tributos correspondientes.

En consecuencia, el fallo condenó a Pexín a pagar $91.000 millones por daño emergente y más de $255.000 millones por lucro cesante, al haber privado al Estado de esos ingresos mientras ocultaba ilegalmente la maquinaria, que operó gracias a contratos con Vetra entre 2012 y 2015.

La victoria supone un precedente por el respeto a las funciones de la DIAN y representa ganancias por $350.000 millones para el Estado colombiano tras años de litigio.

Con información de El Espectador