La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aprovechará las toneladas de productos incautados a las mafias del contrabando con un propósito loable: impulsar la economía popular y mejorar la seguridad alimentaria en las regiones más vulnerables de Colombia.

“Toda mercancía decomisada a las mafias de contrabando se pondrá a disposición para utilizarse con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en los territorios y ayudar en los planes de la economía popular”, anunció Luis Carlos Reyes, director de la Dian.

Esta propuesta innovadora se alinea con la cruzada emprendida por el Gobierno nacional contra el flagelo del contrabando, que el presidente Gustavo Petro describió como “uno de los mayores antros de corrupción” al vincular estas organizaciones delictivas con el narcotráfico y el lavado de activos.

“Estamos en la operación anticontrabando más grande en la historia del país. Las mafias del contrabando son las mismas del narcotráfico. Poderosas financieramente entran centenares de contenedores de mercancía generalmente de origen en China y Asia oriental cada mes para lavar los dólares de la cocaína”, denunció el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

La medida busca “empoderar a los sectores populares, otorgándoles herramientas para potenciar sus iniciativas económicas”. Los bienes incautados, que van desde alimentos hasta electrodomésticos, serán canalizados a cooperativas, mercados campesinos y programas sociales en zonas de escasos recursos.

“Es una oportunidad para formalizar la economía informal, transferir conocimientos y tecnologías que les permitan mejorar su productividad y competitividad”, explica Ximena Peña, analista económica de la Universidad del Rosario, consultada por este medio.

En esta cruzada por la “economía popular”, el Gobierno involucró al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para capacitar a trabajadores informales. “Este debe pensar en transferir conocimiento tecnológico hacia estos sectores”, planteó Petro ante los directivos del Sena.

Esta arriesgada apuesta se perfila como una bocanada de aire fresco para millones de colombianos sumidos en la informalidad laboral y la escasez. No obstante, analistas como Germán Quintero, de Fedesarrollo, advierten que su éxito dependerá de una “planeación responsable y transparente” para evitar desvíos y llegar realmente a quienes más lo necesitan.