El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha expresado su enérgico rechazo al allanamiento realizado a la vivienda y la sede de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, dentro de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito por no declarar relojes Rolex como parte de sus bienes.

En declaraciones a la radio y televisión RPP, Adrianzén calificó estas acciones como un “intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa”, tachándolas de “desproporcionadas e inconstitucionales”, por lo que llamó “a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional” y reiteró que tanto la presidenta como el gabinete continuarán trabajando “por la reactivación económica y la seguridad”. “Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada”, reiteró.

“Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales”, manifestó el primer ministro en la red social X.

Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional. La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada.

— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) March 30, 2024

Según Adrianzén, en el momento de los allanamientos, Boluarte se encontraba en su residencia dentro del palacio de gobierno y “brindará declaraciones a la fiscalía cuando se la convoque”, pese a que previamente se le había negado una reprogramación de su citación a declarar.

El jefe del gabinete remarcó que, a pesar de estas circunstancias, la mandataria “sigue colaborando con la fiscalía” en la investigación que se le sigue por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en su residencia dentro de Palacio de Gobierno y brindará declaraciones a la Fiscalía cuando se la convoque. Ella pidió una reprogramación y, extrañamente, no se la aceptaron. A pesar de ello, sigue colaborando con la Fiscalía.

— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) March 30, 2024

En caso de que fuera acusada formalmente, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según establece la Constitución peruana. Sin embargo, el escándalo podría derivar en un pedido de vacancia (destitución) desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.