El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, lideró una iniciativa para exigir al alcalde Carlos Fernando Galán la expedición de un decreto que reglamente el consumo de sustancias psicoactivas en parques y entornos escolares de la capital. Esta solicitud se hace mediante una carta firmada por varios concejales, en la que resaltan la urgencia de tomar acciones ante el vacío normativo que ha permitido la proliferación del expendio y consumo de drogas en estos espacios públicos.

Barrios destacó que ciudades como Cali y Medellín ya han expedido decretos en esta vía, mientras que en Bogotá la ciudadanía sigue a la espera de una regulación. Desde el Concejo, resaltaron que “los delincuentes están aprovechando el vacío normativo y se apropiaron del espacio público, la droga es el negocio por medio del cual se están nutriendo las bandas criminales en la ciudad y lo están haciendo a sus anchas”.

Uno de los apartes de la carta cita: “Es alarmante la presencia y accesibilidad de sustancias ilícitas en las cercanías de los colegios de la ciudad. Esta situación no sólo pone en riesgo la integridad física y emocional de los estudiantes, sino que también afecta el ambiente de aprendizaje y la calidad de la educación que buscamos proporcionar”.

Ante la creciente preocupación por la ausencia de una regulación, el concejal Barrios presentó un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá “con el que se buscan entornos libres de drogas”. “La ciudad está plagada de jíbaros y los parques dejaron de pertenecer a los niños, no queremos más tibiezas de esta administración y exigimos un decreto que reglamente entornos seguros de drogas”, enfatizó.

Por su parte, el Distrito explicó que se sigue estudiando el decreto para priorizar las zonas en donde más se presenta el expendio de drogas en la ciudad, esperando que en las próximas semanas se pueda tener una respuesta para prohibir el consumo de estas sustancias en los parques y zonas cercanas a los colegios.

Esta iniciativa busca salvaguardar los espacios públicos y entornos escolares de la capital, garantizando la seguridad y bienestar de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad, quienes se ven particularmente vulnerables ante la presencia de sustancias psicoactivas y el accionar de bandas criminales vinculadas a su comercialización.