Luego de ocho años privado de libertad en la cárcel de El Espinal (Tolima) por presuntas irregularidades en contratos y delitos relacionados con corrupción, el exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, ha sido beneficiado con la medida de arresto domiciliario por vencimiento de términos en uno de los cinco procesos penales que enfrenta.

La decisión fue emitida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, en el marco de las investigaciones sobre las obras requeridas para los escenarios deportivos de la capital tolimense en el contexto de los Juegos Nacionales de 2015, en las cuales se estima se invirtieron alrededor de 70.000 millones de pesos.

Rodríguez, quien también enfrenta acusaciones por delitos como celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, permanecerá bajo arresto domiciliario mientras se desarrollan las investigaciones. Se destaca que el exmandatario seguirá vinculado a más procesos, entre ellos la investigación por la demolición del complejo deportivo de la calle 42, donde se señalan irregularidades en la contratación.

El caso involucra a varios contratistas y funcionarios públicos, entre ellos Jaime Humberto Rivera, representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015, Melissa Suárez Lafaurie, Orlando Arciniegas Lagos, contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía, y Leonardo Valero, quien trabajó como asesor de la administración municipal. Todos están siendo investigados por presuntas irregularidades en contratos relacionados con las obras del Parque Deportivo y el estadio Manuel Murillo Toro.

Las investigaciones se centran en el contrato N°. 119 del 17 de abril del 2015, destinado a la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios del Parque Deportivo para los juegos de ese año, con una inversión de más de 73.000 millones de pesos. Se espera que el juicio contra los acusados, entre ellos el ingeniero Jorge Alexander Torres, conocido como alias ‘El Chatarrero’, inicie el próximo 19 de abril. Se les imputan cargos por apropiarse de 18.000 millones de pesos destinados a las obras en la Unidad Deportiva de la calle 42.