El Consejo de Estado ha emitido una orden dirigida a la Fiscalía General de la Nación para que cumpla con la Ley 2205 del 10 de mayo de 2022, la cual insta a la creación de una unidad especial de justicia para delitos cometidos contra niños y niñas. Esta determinación responde al incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa por parte de la Fiscalía.

El alto tribunal ha destacado que el 94% de los delitos contra menores en Colombia permanecen impunes, con procesos que pueden extenderse hasta 7 u 8 años. Además, se ha revelado que en 2023 se reportaron 547 homicidios de niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a 2 homicidios por día, junto con 18.051 casos de violencia sexual, es decir, 54 casos diarios, donde el 87,2% de las víctimas fueron mujeres entre los 10 y 14 años.

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había determinado previamente el incumplimiento de la Fiscalía, esta última apeló la decisión argumentando que la orden judicial involucraba asuntos de reserva legal y que la ley en cuestión no definía claramente la naturaleza de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos Contra la Infancia y la Adolescencia (UEIDPCIA). Además, señaló que crear esta unidad requeriría la creación de nuevos empleos y funciones, lo que podría afectar otras áreas institucionales.

Esteban Reyes Trujillo, abogado especialista en infancia y en educación, director de Aldeas Infantiles SOS Colombia, celebró la decisión del Consejo de Estado y subrayó la importancia de priorizar las investigaciones sobre los delitos cometidos contra niños y niñas en Colombia.

La Fiscalía reiteró la necesidad de fortalecer la planta de personal de la entidad y mencionó el proyecto de ley 157 de 2022 –Senado–, el cual busca adicionar la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer su función constitucional.

La decisión del Consejo de Estado representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violencia y delitos contra menores en Colombia, al tiempo que destaca la importancia de la creación y operación efectiva de la unidad especial de justicia ordenada por la ley.