La Corte Constitucional anuló este 19 de marzo el decreto legislativo 1267 de 2023, que buscaba impulsar el sector turístico en el departamento de La Guajira mediante medidas temporales decretadas durante el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el presidente Gustavo Petro.

El decreto tumbado contemplaba la reducción del IVA y la exclusión del impuesto nacional al consumo para servicios turísticos como hotelería, restaurantes y establecimientos de alimentos hasta finales de 2030, con el fin de reactivar la economía local a través del turismo.

Esta decisión de la Corte completa la revisión de los 14 decretos emitidos por el Gobierno para atender la emergencia en La Guajira. Previamente, el alto tribunal había declarado inexequible el decreto 1085 que establecía el estado de emergencia, por la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria ante la escasez de agua, aplicando efectos diferidos a su decisión.

En su fallo, la Sala Plena evidenció la falta de relación directa entre el decreto de emergencia por la amenaza hídrica y el decreto específico sobre reactivación turística, vínculo indispensable para diferir su anulación. Al no existir tal conexión, declararon la “inexequibilidad por consecuencia y con efectos inmediatos” del decreto 1267.

La Corte salvaguardó así la seguridad jurídica y el derecho a la confianza legítima de los beneficiarios de las medidas del decreto tumbado, que además de los incentivos fiscales, excluía temporalmente el impuesto nacional al consumo para establecimientos de alimentación.