El más reciente informe ‘Justicia Como Vamos’ destaca que la confianza de los ciudadanos colombianos en el sistema de justicia para abordar casos de corrupción es baja, con nueve de cada diez encuestados considerando que no ha sido efectivo en resolver estos asuntos.

El estudio, realizado por la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), revela que solo el 67 % de los ciudadanos estaría dispuesto a denunciar posibles actos de corrupción. Además, solo el 40 % sabe que puede acudir a la Fiscalía y el 19 % a la Procuraduría para presentar tales denuncias.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la percepción generalizada de que jueces y fiscales son influenciables por factores externos como el poder, el dinero, los políticos y los medios de comunicación. Según los encuestados, los factores que más pueden afectar la transparencia o independencia de estos funcionarios son el poder o el dinero (72,2 %), la política (67,9 %) y los grupos religiosos (39,8 %).

El análisis detallado por ciudades revela que Tuluá, Armenia e Ibagué son percibidas como lugares donde la influencia de personas con poder, dinero y políticas en la labor de jueces y fiscales es mayor.

En cuanto a la resolución de conflictos, más de la mitad de los encuestados (53 %) está de acuerdo en utilizar la defensa propia como mecanismo ante la agresión o amenaza, aunque el 54 % desaprueba la violencia y la justicia por mano propia. Pereira, Tuluá y Bogotá son las ciudades que muestran una mayor tendencia a recurrir a la justicia por mano propia.

Resulta llamativo que un alto porcentaje de ciudadanos (83,67 %) prefiera no acudir al sistema de justicia para resolver sus necesidades legales. Esta tendencia es más pronunciada entre los hombres, con un 57 % a favor de la defensa propia, en comparación con el 50 % de las mujeres consultadas.

Finalmente, el informe analiza el funcionamiento del sistema judicial del país y concluye que el 45 % de los encuestados lo considera ineficiente, a pesar de que no se atribuye esta ineficiencia a la falta de recursos, ya que “en cada vigencia fiscal quedan recursos sin ejecutar del presupuesto total asignado”.