Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años y 8 meses de prisión a Nidia Esperanza Garzón Morales, quien ejerció como representante legal de una empresa que realizó la interventoría a un contrato de reforzamiento estructural de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas en la capital.

De acuerdo con las investigaciones, Garzón Morales no cumplió con sus funciones de supervisión y alerta, y en cambio facilitó un entramado criminal en el que funcionarios y contratistas se apropiaron indebidamente de parte de los recursos destinados a las obras en el centro asistencial.

La sentencia la declara responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Se comprobó que permitió que el oferente seleccionado recibiera irregularmente un anticipo, que incluía el pago de una coima equivalente al 10% del valor total del proyecto.

Además, como interventora, no garantizó el buen uso de los dineros del anticipo ni revisó en detalle el plan de inversión. Avaló la expedición de cheques al contratista, pero no verificó que los soportes correspondieran al objeto del contrato ni constató que los recursos se destinaran exclusivamente a cubrir las adecuaciones y remodelaciones requeridas.