El Consejo de Estado revocó la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández. La sanción, que consistía en una inhabilitación por 8 meses y una multa de más de 37 mil dólares, había sido emitida en 2019 debido a un incidente en el que Hernández golpeó al concejal Jhon Jairo Claro, alegando este que incumplió con el deber de tratarlo con respeto y dignidad.

A pesar de la controvertida situación, Rodolfo Hernández siempre mantuvo su posición, calificando el video del altercado como un montaje urdido por el concejal: “Este fue un montaje de parte del concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado, pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empiezan a agredir a mi esposa (…). Pues, en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón”, explicó en una entrevista.

El Consejo de Estado basó su decisión en el principio de favorabilidad y el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque recientemente la Corte Constitucional otorgó facultades jurisdiccionales a la Procuraduría con la revisión automática del Consejo de Estado, este último determinó que la sanción se anula no por los argumentos presentados por Hernández, sino por la aplicación del control de convencionalidad, donde prevalecen los tratados internacionales.

“De conformidad con la jurisprudencia citada, se puede concluir que al momento de resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular, se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, destacó la decisión.

Este fallo específico deroga la sanción de $95.662.760 impuesta a Hernández en septiembre de 2020. Aunque en 2023 el Consejo de Estado solicitó aclaraciones a la Corte Constitucional sobre el fallo que otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, la Corte afirmó que la información estaba clara y que no requería aclaraciones. De este modo, el Consejo de Estado establece su posición, unificando jurisprudencia y enfatizando la aplicación de normativas internacionales en casos de sanciones disciplinarias.