Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este jueves la suspensión de sus labores médicas y humanitarias en el Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, debido a una orden del Gobierno panameño por la falta de un convenio vigente. La organización expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la población migrante que atraviesa la región en su camino hacia Norteamérica.

Según un comunicado de MSF, la suspensión de actividades médicas se produjo el pasado 4 de marzo, por instrucciones de las autoridades panameñas, quienes argumentaron la falta de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud. MSF ha intentado renovar este convenio desde octubre de 2023 sin éxito.

La organización señaló que la suspensión afectará a aproximadamente 5.000 personas migrantes que reciben atención médica física y psicológica cada mes, con un énfasis especial en las sobrevivientes de violencia sexual. Durante el año 2023, 676 migrantes recibieron atención médica integral después de sufrir algún tipo de violencia sexual en la ruta migratoria, y en enero de 2024, se registraron 120 casos adicionales. La situación se agravó en febrero, con un aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva.

La suspensión de las actividades médicas coincide con un aumento esperado en el número de migrantes en Panamá, después de que se reanudaran los transportes en bote en Colombia. El Darién, conocido por su peligrosidad debido a la presencia de animales salvajes y grupos armados, es una travesía desafiante para los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos o Canadá.

En lo que va del año, más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién, un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado. Este incremento constante en el flujo migratorio ha llevado a un récord de más de 520.000 migrantes en 2023, el doble que el año anterior.

Las autoridades panameñas han endurecido su postura hacia el tránsito de migrantes por el Darién, calificándolo como un negocio del crimen organizado. Afirmaron que el año pasado, las bandas se lucraron con 820 millones de dólares al imponer tasas por cruzar la región. A pesar de los desafíos, Panamá continúa registrando a los migrantes a su llegada y coordinando su traslado hasta Costa Rica, donde deben costear su propio desplazamiento.