El delito de extorsión a través de llamadas desde el interior de la penitenciaría de Cúcuta se ha vuelto incontenible ante la impotencia de las autoridades y la falta de equipos para bloquear señales.

Los principales apuntados como autores de estas amenazas a empresarios y comerciantes son cabecillas de bandas que purgan condena allí, donde hay 3.046 privados de libertad.

Según informes de prensa, los inhibidores de comunicaciones instalados en 2018 por el INPEC y contratados por USPEC llevan años fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento. Cuando operaban, afectaban incluso a los vecinos del penal.

Ante las quejas y tutelas de la comunidad aledaña por la interrupción del servicio celular en sus hogares, el Inpec se vio forzado a desconectar los equipos. Esto reactivó el negocio de extorsión telefónica desde 2019 tras un breve letargo.

Consultado sobre esta falla durante su visita a la capital norte santandereana, el ministro de Justicia Néstor Osuna explicó que no existen inhibidores infalibles y se requiere tecnología de punta y apoyo de las telefónicas para mejorar la eficiencia del bloqueo dentro del penal sin afectar el exterior.

Mientras llegan nuevas soluciones tecnológicas, las autoridades penitenciarias combaten el problema con traslados selectivos de los extorsionistas identificados y con registros sorpresa en los 25 patios para decomisar teléfonos y otros elementos ilegales.

Sin embargo, expertos señalan que se necesitan medidas más profundas y tecnología acorde a las dimensiones del problema en esta importante cárcel del país para frenar un flagelo que afecta tanto el sector productivo como la seguridad ciudadana de Cúcuta.