La creciente inseguridad en la capital colombiana, evidenciada por una serie de atracos y tiroteos, ha reavivado el polémico debate sobre si se debería permitir el porte de armas a los ciudadanos como medida de defensa personal. Las opiniones se encuentran divididas entre quienes apoyan esta idea y quienes se oponen rotundamente.

El tema cobró relevancia luego de que se viralizara un video donde un expolicía interviene en un intento de robo en un restaurante, resultando en la muerte de dos asaltantes. Si bien el exuniformado enfrenta cargos legales, el hecho desató un acalorado debate en redes sociales y medios de comunicación.

Dos ladrones fueron abatidos por un expolicía cuando intentaron robarlo en restaurante de Bogotá

Voces políticas divergentes se han pronunciado al respecto. El senador Humberto de la Calle se opone al porte de armas, argumentando que “la única respuesta es autoridad dura pero en democracia. Monopolio de las armas en manos del Estado” publicado en su cuenta de X. En contraste, el ministro de Justicia Wilson Ruiz y la senadora María Fernanda Cabal respaldan la idea de permitir el porte legal como mecanismo de legítima defensa.

Periodistas como María Andrea Nieto y Juan Carlos Rincón también han expresado su oposición, considerando peligroso liberar el porte de armas en un país como Colombia. Expertos jurídicos como Iván Cancino y Francisco Bernate discrepan sobre la legítima defensa en el caso del expolicía, pero coinciden en que Colombia no debería permitir el porte de armas.

Mientras el debate continúa, un nuevo incidente violento se viralizó, mostrando a un sicario asesinando a un empresario y desencadenando otra balacera.

En paralelo, a principios de este año el Ministerio de Defensa ha prorrogado la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en todo el territorio nacional durante el año 2024. Esta medida busca priorizar la protección de la vida y prevenir muertes violentas relacionadas con el uso de armas de fuego.

La posesión o porte de armas no se considera un derecho fundamental, sino una excepción que requiere un proceso exhaustivo de evaluación para obtener un permiso especial. Existen dos tipos de permisos: el Permiso de Estado y el Permiso Especial de Porte, con variantes a nivel regional y nacional.

La Directiva busca garantizar objetividad y uniformidad en la evaluación de los permisos especiales, evitando la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades militares. Los requisitos para obtener un permiso son rigurosos e incluyen poseer un permiso de porte vigente, consultas de antecedentes, presentación de una carta justificativa, certificación de residencia, entre otros.

Existen excepciones para ciertas personas naturales y jurídicas, como el personal de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados y otros funcionarios encargados de la seguridad y el orden público.