En medio de la controversia por la inactividad de los 40 carrotanques estacionados en la base militar de Uribia, la Procuraduría ha convocado urgentemente a una mesa de trabajo para revisar los avances en la implementación de acciones relacionadas con la sentencia T-302 de 2017. Se citará al ministro de Defensa y la ministra de Vivienda, y se convocarán funcionarios de otras carteras del Gobierno nacional.

La mesa de trabajo de la Procuraduría abordará la disponibilidad de agua potable para las comunidades indígenas en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, en La Guajira, los más afectados por el actual periodo de sequía.

Además, la Procuraduría realizará una visita el 21 de febrero al lugar donde están estacionados los vehículos cisterna. Se investigará si al Ejército Nacional se le asignaron funciones para el alistamiento y operación de los vehículos, quién asignó estas funciones y la fuente de financiación, evaluando también los cronogramas de operación de los vehículos.

Junto a la Procuraduría, la Contraloría ya ordenó igualmente una visita de inspección al Batallón Matamoros, donde actualmente se encuentra los 40 carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) como parte del plan nacional para llevar agua a La Guajira, en medio de la crisis causada por la falta de lluvias.

Así mismo, el Congreso ha convocado un debate de control político contra Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en relación con la polémica de los 40 carrotanques estacionados en La Guajira.

El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, expresó además su preocupación por la baja ejecución de la entidad, señalando que la ejecución es del 7.5%, según la Contraloría. Ante la falta de respuestas, decidieron citar a Olmedo López para que responda a los cuestionamientos del Congreso sobre la ejecución de la entidad.

Sánchez criticó la falta de supervisión y planificación en el proceso de contratación, enfocándose en la necesidad de garantizar que los contratos se ajusten a las obligaciones y objetivos integrales. También señaló que la contratación de camiones no aborda directamente el problema fundamental en La Guajira, que es la necesidad de agua potable.

El representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, citó a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos al director de la UNGRD, Olmedo López. Esto ocurre en medio del escándalo por carrotanques estacionados en La Guajira sin ser utilizados pic.twitter.com/QTFrO3gEit

— Parágrafo.co (@Paragrafo_co) February 20, 2024

Director de la UNGRD justifica compra e inactividad

Los 40 carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para abastecer de agua a La Guajira continúan sin ser utilizados, a pesar de que fueron entregados desde noviembre de 2023. Estos vehículos, con capacidad para 16.000 litros de agua fueron adquiridos bajo estado de desastre nacional por 1.170 millones de pesos cada uno, sumando un monto global de 46.800 millones de pesos a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., con sede en Cúcuta.  Son modelo holandés FAT-CF410 con motor Paccar y tanque de acero inoxidable.

El director de la UNGRD, Olmedo López, defendió la situación, explicando que los carrotanques están siendo adaptados para garantizar su óptimo funcionamiento, refutando las acusaciones de irregularidades en el contrato.

Sin embargo, a la fecha no se han contratado conductores ni definido de dónde se obtendrá el agua para su funcionamiento. Tampoco se ha publicado el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

La Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado una investigación sobre la compra de estos vehículos. Fiduprevisora pidió en enero indagar el proceso, especialmente tras una denuncia de que una funcionaria estaría exigiendo “coimas a proveedores para gestionar o no interrumpir pagos de contratos”.

Aunque la UNGRD asegura que los vehículos reforzarán el abastecimiento en la región, su inoperancia en un galpón sin mayores intervenciones para su “adecuación” a varios meses de su compra puso en la lupa de los entes de control este millonario contrato, además de que pone en duda la idoneidad de la inversión de estos recursos ante la necesidad real de agua potable en La Guajira.