El Gobierno nacional, a través de entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía, ha anunciado que presentará al Congreso una reforma a la Ley de Servicios Públicos (142 de 1994 y 143 de 1994). Portafolio tuvo acceso a un borrador preliminar de 140 artículos que consolida los cambios propuestos.

Uno de los ajustes contemplados otorga al Presidente de la República la facultad de regular directamente los servicios públicos, sin necesidad de delegar esta función en las comisiones de regulación como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) o la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El documento expone que el Ministerio de Minas y Energía podría presentar proyectos regulatorios al Presidente cuando las normas vigentes resulten “contrarias a la política pública del Gobierno”.

En cuanto al régimen tarifario, se prohíbe que el precio sea un elemento a considerar en los contratos de invitación pública para la operación de servicios públicos por parte de empresas privadas. Además, se plantea crear un régimen “solidario y equitativo” donde las tarifas se determinen no solo por el nivel de consumo, sino también por la capacidad de pago de los usuarios.

La reforma propone modificaciones en entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la incorporación de un “vocal de control” y un representante de la academia en la CREG y la CRA. Asimismo, faculta a la Nación y las entidades territoriales para constituir empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos, se busca fortalecer sus facultades sancionatorias, estableciendo multas de hasta 100.000 salarios mínimos para personas jurídicas y 1.500 para personas naturales. También se contempla la creación de un “mínimo vital” de servicios como acueducto, gas y energía para población vulnerable.

Otro aspecto relevante es el fomento de las “comunidades energéticas”, permitiendo el autoabastecimiento y la administración de sistemas alternativos en zonas donde no sea factible la prestación regular de servicios. Además, se busca habilitar la generación de energía no contaminante para autoconsumo o venta al Sistema Interconectado Nacional, lo que podría permitir a Ecopetrol incursionar en este mercado.

La reforma plantea cambios sustanciales en la regulación y prestación de servicios públicos domiciliarios, con el objetivo de fortalecer el rol del Estado y priorizar la universalización y sostenibilidad del servicio.