El Gobierno de Venezuela anunció hoy la suspensión de las operaciones de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país y ordenó la expulsión de 13 de sus funcionarios en 72 horas.

El canciller venezolano, Yvan Gil, informó la decisión del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de dicha oficina de la ONU, instalada en Caracas desde 2019, a la que acusa de actuar parcialmente contra el Ejecutivo.

#Comunicado Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de… pic.twitter.com/6OUb85cCIf

— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024

“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, afirmó Gil.

Asimismo, el Gobierno solicitó la salida del personal de la oficina en menos de 3 días y que se realice una rectificación pública de la supuesta actitud “colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

La medida se produce un día después de que el relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación denunciara trabas a su visita al país. También luego de que la oficina del Alto Comisionado expresara su preocupación por la detención de la activista Rocío San Miguel.

El Gobierno venezolano afirma que en los próximos 30 días revisará los términos de cooperación con los mecanismos de DDHH de la ONU, aunque reiteró su voluntad de colaborar con imparcialidad, respeto a la soberanía y sin injerencia en asuntos internos.