El Presupuesto General de la Nación 2024 ha sido objeto de polémica debido a las irregularidades que dejaron en el aire $13 billones sin una asignación específica para 108 proyectos y programas del Gobierno. Esta situación ha generado serias dudas sobre la legalidad de su implementación, especialmente en el sector de la educación.

El Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 103 del 2024 el pasado 5 de febrero, modificando el anexo del Decreto de Liquidación contenido en el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, relacionado con el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación para el año fiscal 2024. Sin embargo, estas modificaciones han suscitado preocupación por la falta de discriminación específica de recursos para las universidades públicas.

A pesar de las propuestas de discriminación sugeridas por los técnicos del Gobierno, en el documento final vigente, los fondos destinados al mejoramiento en infraestructura de al menos 15 universidades públicas se han agrupado en partidas genéricas. Esto ha generado inquietud entre los analistas, ya que los recursos podrían distribuirse a discreción del Gobierno sin una clara identificación de las instituciones beneficiarias.

Expertos han coincidido en que la falta de discriminación presupuestal deja a las universidades en una situación de incertidumbre, similar a la de los 108 proyectos de infraestructura, cuya asignación de fondos también carece de seguridad jurídica. Ante esta situación, algunos analistas han señalado la necesidad de que el Gobierno modifique el Presupuesto mediante un proceso legislativo en el Congreso para corregir las irregularidades.

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ha enfatizado que el Decreto de Liquidación del presupuesto está mal hecho y carece de sustento jurídico, por lo que su corrección requeriría una intervención del Congreso. Del mismo modo, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, ha destacado la falta de transparencia en la gestión del presupuesto y ha advertido sobre el riesgo de corrupción asociado a las partidas globales.

Por su parte, el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, ha subrayado que cualquier modificación presupuestal debe realizarse mediante la autoridad institucional correspondiente, es decir, el Congreso de la República.

Las irregularidades en el Presupuesto General de la Nación 2024 han generado preocupación en el sector educativo debido a la falta de transparencia y seguridad jurídica en la asignación de recursos para las universidades públicas. Los analistas coinciden en la necesidad de una intervención legislativa para corregir estas deficiencias y garantizar una adecuada gestión presupuestaria.