La compleja trama legal que regula la venta de productos de licor a nivel departamental en Colombia ha generado tensiones significativas, especialmente en relación con el codiciado Aguardiente Amarillo de Manzanares, joya de la Industria Licorera de Caldas (ILC). La descentralización normativa, que otorga a cada departamento la potestad de establecer sus propias reglas en la comercialización de bebidas alcohólicas, ha puesto varios territorios en la mira de posibles sanciones.

Un caso emblemático es el enfrentamiento entre la Gobernación de Cundinamarca y la ILC, que salió a la luz tras la distribución del Aguardiente Amarillo en Cundinamarca, Bogotá y otras regiones del país. La clave de la discordia radica en la necesidad de las industrias licoreras de obtener permisos específicos de los gobernadores para vender sus productos fuera de sus fronteras originales.

Sin embargo, el Valle del Cauca se erige como el epicentro de las restricciones más severas. La Gobernación de esta región ha impuesto un veto comercial al Aguardiente Amarillo de la ILC, advirtiendo que cualquier intento de comercialización fuera de los canales autorizados constituiría contrabando.

La sanción prevista en el artículo 319 del Código Penal plantea penas de prisión de cuatro a ocho años y multas del 200% al 300% del valor aduanero de los bienes en cuestión para aquellos que transgredan estas restricciones.

La Gobernación del Valle del Cauca recalca de manera contundente: “El único aguardiente autorizado que se puede comercializar en nuestro departamento es el de la Industria de Licores del Valle”.

Este énfasis en la prohibición de la venta del Aguardiente Amarillo coloca a los comerciantes y consumidores de los departamentos implicados en una posición delicada. El riesgo de incurrir en el delito de contrabando, con las consecuentes penas establecidas por la ley, representa una amenaza palpable para quienes desafíen estas restricciones.

La aplicación rigurosa de las sanciones establecidas en el Código Penal agrega una capa adicional de presión sobre los departamentos que se aventuren a comercializar el Aguardiente Amarillo sin la autorización correspondiente. La posibilidad de enfrentar penas de prisión y multas sustanciales enfatiza la necesidad de una estricta observancia de las normativas locales en materia de licores.