La Defensoría del Pueblo de Colombia ha expresado su preocupación ante el creciente número de casos de extorsión en el país, instando a las autoridades gubernamentales a implementar medidas efectivas para contrarrestar este delito y garantizar la seguridad ciudadana. Según datos del portal Siedco, basados en estadísticas de la Policía Nacional, los casos de extorsión han experimentado un aumento significativo en los últimos cuatro años.

En 2020, se registraron 8,188 casos de extorsión, cifra que se incrementó a 8,342 en 2021, 9,791 en 2022 y 9,871 en 2023. Esto representa un aumento del 20.5% en comparación con el año base de 2020. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, concentrando la mayoría de las denuncias.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, alertó sobre la implicación del sistema penitenciario en este fenómeno, indicando que internos, a través de llamadas de celular, participan en actos de extorsión. También destacó que directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población reclusa.

A pesar de la ‘Operación Dominó’, la nueva estrategia del Inpec para combatir la extorsión en cárceles, la falta de inversión en tecnología de punta para el sistema penitenciario representa un obstáculo. Camargo Assis subrayó la necesidad de una mayor inversión en tecnología 4G o 5G, ya que los inhibidores de señal actuales utilizan tecnología obsoleta 2.5G.

De los 125 establecimientos de reclusión bajo la responsabilidad del Inpec, solo 16 cuentan con el sistema de inhibición de señal, y únicamente en seis de ellos los inhibidores están operativos, utilizando tecnología 2.5G.

La Defensoría del Pueblo llamó a una acción conjunta de las instituciones del Estado, solicitando mayor coordinación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También instó al Inpec a consolidar convenios con empresas de telefonía celular para establecer mecanismos de prevención, como la identificación de llamadas desde centros penitenciarios.

La entidad busca fortalecer la lucha contra la extorsión y garantizar la seguridad de la ciudadanía a través de la implementación de medidas urgentes y la colaboración efectiva entre las autoridades competentes.