La Fiscalía General imputó cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 con aportes propios del ingeniero.

El proceso se deriva de una denuncia de dos abogados que acusan a Hernández de violar la ley 1475 de 2011 al financiar su campaña estando acusado por el caso Vitalogic, que investiga irregularidades en un contrato de aseo cuando era alcalde de Bucaramanga.

Según la Fiscalía, entre marzo y abril del 2022 Hernández realizó seis aportes por $220 millones a su campaña con pleno conocimiento de la prohibición legal debido a sus antecedentes judiciales. Por ello, a él y a su esposa, gerente de la campaña, se les imputa el delito de financiación ilegal, que puede acarrear entre 4 y 8 años de cárcel, además de una multa que oscilaría entre 400 y 1200 salarios mínimos legales vigentes.

Cabe recordar que Hernández ya había sido sancionado e inhabilitado por 14 años en el caso Vitalogic, del que aún cursa investigación penal. Se le acusa de coaccionar funcionarios para favorecer una unión temporal a cambio de sobornos.

El político y empresario, que estuvo en la segunda vuelta con Petro en 2022, no aceptó los cargos ante la Fiscalía al igual que su esposa. Por este nuevo caso que involucra su campaña deberá enfrentar otra batalla judicial.