Petro, en su perfil oficial de la red social X, manifestó que “para ellos no hubo la llamada ‘libertad’”, por lo cual, el Estado colombiano gestionará los trámites necesarios para que estos universitarios “puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita”.
No es una decisión firme
La reforma, que afectaría el artículo 553, 2º Bis, de la Ley 24.521, sugiere que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales podrían establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para estudiantes que no cumplan con ciertos requisitos, entre ellos, tener residencia en el país, por lo que esta medida no solo afecta a colombianos sino a miles de diferentes nacionalidades (alrededor de 117,000 estudiantes, según estadísticas de 2021), que podrían suspender sus estudios hasta obtener la residencia permanente en el país.
“Respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, se lee en el texto, por lo que, en parte, la decisión también quedaría en manos de las casas de estudio.
Además, la modificación, en caso de pasar el Congreso, señala que los estudiantes extranjeros podrían participar en un programa de becas, establecido a través de acuerdos con otros países o entidades privadas.
La ley propuesta es parte de una serie de decisiones de Milei para “liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas” y busca posicionar a Argentina como una “potencia mundial”. Además, contempla evaluaciones de rendimiento al concluir la educación secundaria y cambios en la elección de modalidad de educación en el hogar.