El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su fuerte desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Constitucional que invalidó el artículo 19 de la reforma tributaria. Esta disposición prohibía la deducción de regalías por parte de las empresas minero-energéticas en el impuesto de renta. Petro calificó la medida como un subsidio injusto a las compañías extractoras de carbón, especialmente aquellas dedicadas a la exportación.

La medida de permitir la deducción de las regalías del impuesto de renta de las carboneras, medida que respetamos pero con la que no estamos de acuerdo, es un subsidio a los extractores del carbón para la exportación.

Es decir, es un subsidio a quienes rompieron el equilibrio… https://t.co/UKOCAM1Y93

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023

A través de una serie de mensajes en redes sociales, el mandatario argumentó que permitir la deducción de regalías del impuesto de renta representa un apoyo indebido a las empresas que, según él, han tenido un impacto negativo en el equilibrio hídrico en La Guajira. Criticó la falta de medidas de emergencia para contrarrestar los efectos en las comunidades afectadas, enfocándose particularmente en la escasez de agua potable que afecta a los niños wayuu.

La Corte Constitucional fundamentó su decisión en la vulneración de los principios de justicia y equidad tributarias, invalidando así la restricción que había sido defendida por el Gobierno como una manera de aumentar los recursos para el presupuesto nacional y financiar programas sociales.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había respaldado la medida argumentando que las regalías son propiedad del Estado al ser este propietario del subsuelo y los recursos naturales. Sin embargo, la Corte determinó que la norma afectaba los principios constitucionales fundamentales.

En respuesta al fallo, la Asociación Colombiana de Minería consideró la decisión como trascendental para la continuidad del sector minero colombiano. Destacaron que elimina una restricción que, según ellos, desbordaba la capacidad contributiva de la industria, protegiendo principios constitucionales como la primacía del interés general, la igualdad, la justicia y la equidad.

Además, resaltaron que la industria minera es un importante generador de empleo, con más de 160 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos. Aseguraron que en 2022 destinaron 334 mil millones de pesos a inversiones sociales. La decisión de la Corte Constitucional ha sido recibida positivamente por la Asociación, considerándola como una medida que contribuirá al desarrollo del sector y al impulso de inversiones en el país.

Mientras tanto, el presidente Petro persiste en su desacuerdo, argumentando que las regalías son un derecho de la nación y que la deducción de las mismas beneficia a las empresas extractoras en detrimento de las comunidades afectadas por la actividad minera.