En una respuesta contundente a las recientes protestas contra las reformas económicas del gobierno de Javier Milei en Argentina, se han implementado medidas drásticas que buscan disuadir a los manifestantes y establecer un nuevo tono de consecuencias claras para aquellos que desobedezcan las reglas establecidas.

El gobierno de Milei ha llevado a cabo una importante desregulación económica, cumpliendo así con sus promesas electorales de impulsar cambios significativos en la política económica del país.

En respuesta a estas reformas, la izquierda kirchnerista organizó marchas de protesta en distintas partes del país, expresando su desacuerdo con las medidas implementadas por el gobierno.

A pesar de la movilización, las protestas resultaron mayormente infructuosas, con una participación escasa por parte de la ciudadanía. Este hecho podría indicar una falta de respaldo generalizado a las acciones de la izquierda kirchnerista.

Como respuesta a las manifestaciones, el gobierno anunció medidas adicionales. Se cobrará a los manifestantes el costo de los operativos de seguridad, estimado en 72.700 dólares. Además, se retirarán los planes sociales a aquellos que cortaron calles, desobedeciendo las normativas establecidas.

La ministra de Seguridad advirtió previamente que “las calles no se toman”, señalando la firme postura del gobierno ante manifestaciones que desobedezcan las reglas y afecten el orden público.

Estas medidas buscan establecer un nuevo tono en cuanto a las consecuencias para las manifestaciones que desobedezcan las reglas establecidas por el gobierno de Milei.

Cabe destacar que las protestas y campamentos en plazas y avenidas de Buenos Aires son eventos habituales, pero las recientes medidas gubernamentales podrían cambiar el panorama y generar un debate sobre los límites de la protesta en el país.