El vicecontralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, advirtió este jueves sobre las posibles consecuencias económicas para el erario público en caso de que la empresa Thomas Greg & Sons, participante en la licitación de la Cancillería para la elaboración de pasaportes, logre ganar la demanda contra el Estado.

Thomas Greg & Sons reclama una indemnización por $117.000 millones después de que la audiencia de conciliación con la Cancillería no tuviera éxito. Ante este escenario, el vicecontralor señaló que, en caso de una derrota legal, se procederá a abrir un proceso de responsabilidad fiscal y embargo de bienes contra los involucrados.

La posible carga financiera recaería en el erario público, impactando directamente en los recursos del Estado. Este desenlace podría afectar a varios funcionarios de la Cancillería que estuvieron vinculados a la licitación, desde el comité de conciliación hasta la máxima autoridad de la entidad, Álvaro Leyva Durán.

“Una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos. Eso significa que una vez se aperture el proceso se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión, incluido el del canciller Álvaro Leyva y las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones”, expresó Zuluaga.

De acuerdo con la Contraloría, si Thomas CREG gana la demanda en el caso de la licitación de pasaportes iniciará embargos a los involucrados, entre ellos el canciller Álvaro Leyva. pic.twitter.com/JSyCEMofUt

— RCN Radio (@rcnradio) December 21, 2023

El conflicto en el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó cuando Leyva declaró desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, a pesar de que Thomas Greg cumplía con todos los requisitos y era la única oferente.

La renuncia de la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, añadió complejidad al caso. Zamora dejó su cargo luego de hacer público que Leyva la increpó por su postura legal en la conciliación con la compañía, afirmando que el presidente Gustavo Petro estaba mal rodeado en su Gobierno.

Ante este litigio, la Cancillería ha contratado al abogado Ernesto Matallana para su defensa legal. Sin embargo, el cambio de posición del abogado respecto a las acusaciones de maltrato del canciller a Martha Lucía Zamora genera incertidumbre en torno al proceso.