En una reciente investigación, la Contraloría General de la República ha descubierto que la Cancillería colombiana no cumplió con las normativas al declarar la urgencia manifiesta para la contratación del servicio de elaboración de pasaportes, además de no remitir a tiempo el expediente para control, tal como lo exige la ley.

La indagación de la Contraloría se centra en la declaratoria de urgencia manifiesta realizada por la Cancillería para la producción de pasaportes, un proceso que generó controversia al otorgar un contrato anual a la empresa Thomas Greg & Sons bajo esta figura.

Según la Contraloría, la Cancillería incumplió al no enviar oportunamente el expediente de urgencia manifiesta para su correspondiente control fiscal, lo cual contradice la normativa legal que exige un control automático en casos de urgencia manifiesta.

La resolución emitida por la Contraloría subraya que la Cancillería no se ajustó a las exigencias legales en este procedimiento, señalando claramente la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos.

En medio de este escenario, surge un contexto polémico relacionado con una licitación de $600.000 millones para la producción de pasaportes, lo que añade más complejidad al caso.

La Cancillería tiene la opción de presentar un recurso de reposición en los próximos 10 días contra la decisión de la Contraloría, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta controversia.