En una operación llevada a cabo la noche del 14 de diciembre, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, fue capturado siguiendo una orden de la Corte Suprema de Justicia. El político deberá enfrentar cargos por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura contra el senador Ciro Ramírez como parte de las medidas de aseguramiento en el desarrollo del proceso en su contra por los mencionados delitos. La información fue confirmada por el Alto Tribunal, que señaló que el congresista cumplirá la medida en un centro de reclusión.

Según información preliminar, Ciro Ramírez estará detenido durante el proceso judicial relacionado con los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Este arresto se produce un mes después de que la Procuraduría iniciara una investigación preliminar contra el senador por su presunta participación en una red de corrupción que involucra más de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

Álvaro Uribe Vélez, líder de esta organización política, reaccionó en sus redes a la detención de Ramírez, y señaló que este tipo de hechos son consecuencia de “la maldita mermelada”.

Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante.

Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 15, 2023

La Fiscalía también había tomado medidas al compulsar copias para que la Corte Suprema de Justicia iniciara su propia investigación, en respuesta a denuncias de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y del contratista Anderson González González. Ambos fueron imputados por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

En el trasfondo de los cargos, se destaca el contrato interadministrativo N°670 de 2021, suscrito por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ por 48.660 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que ‘Proyecta Quindío’ aprovechó su régimen de contratación exceptuado para seleccionar de manera indebida contratistas e interventores, vinculados previamente a la red criminal.

La Fiscalía también alega que Katherine Rivera Bohórquez, en su papel de enlace con el senador, coordinó y direccionó la designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales se adjudicaron directa e irregularmente a González y a empresas relacionadas. Se presume que este favorecimiento implicó un pago de 1.000 millones de pesos, destinados a los líderes de la red de corrupción y otras personas involucradas. El proceso judicial se desarrollará para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del senador y demás implicados.