La reciente derogación del decreto 1844 del 2018, que confería a la Policía Nacional facultades para combatir el microtráfico en espacios públicos, ha desencadenado un acalorado debate en Colombia. En medio de este escenario, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, arrojó gasolina al fuego al afirman a través de un mensaje en la cuenta X que “en su gobierno ser criminal paga”.

La controversia se desató cuando el periodista Diego Santos cuestionó la derogación del decreto en Twitter, planteando la posibilidad de comercializar drogas en su barrio sin temor a represalias por parte de las autoridades, incluso cerca de colegios y universidades.

Hago una pregunta a los abogados de este país. ¿Si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio, para tener unos ingresos adicionales, puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? ¿Puedo inclusive vender cerca a colegios y universidades?

— Diego A. Santos (@DiegoASantos) December 11, 2023

La respuesta del presidente Petro, advirtiendo que cualquier intento de comercialización de drogas llevaría a la prisión al responsable, generó un intercambio de declaraciones acaloradas. Sin embargo, fue la intervención de Juan José Lafaurie la que añadió un elemento incendiario al debate.

En sus declaraciones, Lafaurie acusó al presidente de mentir y sugirió que involucrarse en actividades criminales podría resultar en ser nombrado gestor de paz y recibir un subsidio del Ministerio de Igualdad, especialmente para aquellos menores de 28 años. Esta afirmación insinuaba que bajo la administración actual, ser criminal podría tener beneficios.

No sea mentiroso: será nombrado gestor de Paz y recibirá un subsidio del ministerio igualdad si tiene menos de 28 años. En su gobierno ser criminal paga

— Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) December 11, 2023

Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la discusión, con comentarios que reflejaban la sorpresa y la indignación ante las declaraciones de Lafaurie. La controversia ha elevado el tono del debate sobre la seguridad pública y la efectividad de las nuevas políticas antidrogas adoptadas por el Gobierno de Petro.

La normativa derogada, emitida durante la presidencia de Iván Duque en octubre de 2018, establecía procedimientos para la imposición de sanciones administrativas por el porte de cantidades de droga consideradas como dosis personal. Según la ley de estupefacientes, estas dosis no debían superar los 20 gramos de marihuana, cinco de hachís, dos de metacualona y uno de cocaína.