La Procuraduría General de Colombia ha anunciado la apertura de una investigación sobre la desaparición en el mar de aproximadamente 100 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, en varios naufragios ocurridos desde el año 2022, pero especialmente por el caso del 21 de octubre, cuando una lancha zarpó desde San Andrés hacia Corn Island en Nicaragua con 35 ocupantes, entre ellos menores de edad y mujeres embarazadas, y nunca llegó a su destino.

La procuradora de Colombia, Margarita Cabello, informó que designó una Agencia Especial para intervenir en el caso. Este equipo especial se encargará de entrevistar a familiares de las víctimas y viajará tanto a San Andrés como a Nicaragua para recabar datos sobre estos trágicos eventos.

Procuradora #MargaritaCabello nombró una Agencia Especial para hacer seguimiento al caso de 35 venezolanos desaparecidos en aguas de San Andrés. Una comisión de la @PGN_COL viajará al archipiélago para impulsar investigaciones. #EsNoticia https://t.co/tykw6r4sk4 pic.twitter.com/9AlXkjxorf

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 3, 2023

La decisión de la Procuraduría surge a raíz de una solicitud del Comité de Familiares y Amigos de Los Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia, que está compuesto por los parientes de las víctimas, incluyendo 17 menores de edad y dos mujeres embarazadas.

Cabello también anunció que el organismo ha solicitado información sobre el estado de las investigaciones a diversas autoridades nacionales y territoriales, como la Fiscalía, la Policía, Migración Colombia y la Cancillería. El objetivo es activar a todas las autoridades para lograr el retorno de los desaparecidos a sus hogares.

“Vamos a apoyar a estas familias en todo, una situación así no puede pasar inadvertida en un país democrático como el nuestro. Debemos activar a todas las autoridades colombianas para que estos ciudadanos regresen con sus familias lo más pronto posible”, aseguró Cabello.

Después de la desaparición de la lancha con los 35 ocupantes, los familiares han resaltado irregularidades en el caso, como el hallazgo de pasaportes en perfecto estado. Además, denunciaron recibir mensajes burlones desde los teléfonos de los desaparecidos, lo que consideran un intento por desalentar la búsqueda.

Desde la desaparición, los familiares se han dedicado a recopilar toda la información posible, como fotos, audios, correos y mensajes de texto enviados por sus seres queridos antes del suceso. A pesar de haber acudido a todas las autoridades, afirman que no se había tramitado de manera oportuna, motivo por el cual recurrieron a la Procuraduría en busca de respuestas y para que se investigue a los responsables de estos viajes en embarcaciones.

Adicionalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se desplazará a San Andrés para verificar el estado de otros cuatro naufragios ocurridos entre 2022 y 2023, sumando casi 100 migrantes desaparecidos de diferentes nacionalidades, esperando que estas investigaciones arrojen luz sobre los trágicos eventos.