Luego de las presuntas irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública para la contratación de servicios tecnológicos en distintas sedes del SENA, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación disciplinaria al director de la entidad, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y a otros cuatro funcionarios.

La Procuraduría también investiga si la firma de esa resolución pudo haber afectado derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0., y si por tal razón la entidad debió solicitar su autorización para revocar el proceso de licitación.

El jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy Rodríguez, fue suspendido provisionalmente por tres meses, mientras que la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa también están siendo investigadas.

La investigación busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria para tomar las decisiones que corresponden en cada uno de los funcionarios del SENA involucrados en el expediente.

En este sentido, la Procuraduría considera que la suspensión provisional de Carlos Martín Coy Rodríguez es necesaria, ya que en su calidad de ordenador del gasto y líder del proceso de selección que se analiza no brinda las garantías a la entidad ni a la comunidad que se beneficiaría con el desarrollo del proyecto.

La contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes de la entidad tiene un valor superior a un billón de pesos, por lo que la Procuraduría está investigando minuciosamente el caso para determinar si hubo alguna irregularidad en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública.

El Ministerio Público ha señalado que se encuentra en la etapa inicial de la investigación y que se están recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Por su parte, el SENA ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo necesario para aclarar este asunto.

Es importante destacar que la Procuraduría tiene la facultad de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos que incurran en faltas graves o leves en el ejercicio de sus funciones, por lo que esta investigación podría tener consecuencias importantes para los involucrados en el caso.