Al menos cinco de los 24 notarios de Bogotá a los que Colpensiones les suspendió el pago de sus mesadas pensionales han renunciado a sus cargos, dejando desasistidos sus respectivos despachos, mientras otros se mantienen al frente, pese a enfrentar una situación crítica para no dejar sin empleo a sus trabajadores.

 Colpensiones notificó a estos notarios que sus mesadas pensionales serían suspendidas debido a que son considerados funcionarios públicos y, como lo refleja una investigación de Semana, muchos ya han demandado o apelado esta decisión de Colpensiones -que se aplicó desde mayo-, ya que consideran que la medida es arbitraria y los está afectando de manera injusta.

El problema radica en la interpretación de las leyes sobre las pensiones en Colombia. Para Colpensiones esta suspensión es un ajuste legal ya que el ente considera que los notarios, al ser contratados por el Estado para prestar un servicio público, entran en la categoría de funcionarios públicos y, por lo tanto, no pueden recibir su pensión mientras estén en un cargo público, pues significaría un doble ingreso de recursos públicos.

Los afectados, por su parte, alegan no ser funcionarios públicos y destacan que sus ingresos ya dependen mayormente de honorarios por trámites y los impuestos se llevan el 94% de lo recaudado. Por lo que esta decisión los estaría afectando en sobremanera, pues, contrario a la creencia popular, no todos tienen altos ingresos por sus funciones y la situación general del sector es crítica.

Es por ello que aseguran que la repentina decisión de Colpensiones es un intento de persecución que pretende obligarlos a dejar el cargo y avanzar en la propuesta de notarías públicas propuesta por el Gobierno de Petro.

Además, consideran que no hubo debido proceso y que, al no reconocer que se trata de una entidad privada que presta un servicio público, el fallo los puede perjudicar de por vida, especialmente en lo económico, pues, deben asumir gastos como impuestos, nóminas, equipos de trabajo y alquiler de locales, sin pueden disfrutar plenamente de sus pensiones.

Aunque los notarios afectados han iniciado acciones legales para impugnar la suspensión de sus pensiones, enfrentan un proceso legal que podría durar más de diez años, lo que podría privarlos de su derecho adquirido por años de ahorro. Mientras tanto, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, niega que exista una presión indebida por parte del Gobierno y argumenta que la suspensión de las pensiones es una medida basada en la normativa vigente.