En un giro sorprendente de los acontecimientos, la empresa Thomas Greg ha presentado una conciliación al Gobierno, en la que exige la adjudicación del contrato de pasaportes o una indemnización masiva de $107 mil millones. Esta demanda sin precedentes ha generado una gran controversia y ha dejado a muchos preguntándose si la compañía está extorsionando al Gobierno para obtener lo que quiere.

Según medios de comunicación, la Cancillería colombiana y su Fondo Rotatorio serán notificados en las próximas horas de la radicación de una solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General sobre un tema que el país creía superado: el de la fallida licitación para el suministro de pasaportes y visas.

La forma en que la empresa ha presentado su demanda ha generado suspicacias y ha llevado a algunos a cuestionar sus intenciones. ¿Es legítimo que una empresa exija la adjudicación de un contrato gubernamental o una indemnización monetaria masiva? ¿O es esto simplemente un intento de extorsión para obtener beneficios financieros?

La decisión de no entregar el contrato de cerca de 600 mil millones de pesos- se produjo a raíz de la instrucción del presidente Gustavo Petro de garantizar la pluralidad de oferentes y tras denuncias de otros participantes por el supuesto favorecimiento en los pliegos al grupo de Thomas Greg, quien ha venido ejecutando el contrato en los últimos años.

El Gobierno, por su parte, ha expresado su rechazo a las demandas de Thomas Greg, calificándolas de infundadas y sin fundamentos sólidos. Han asegurado que tomarán todas las medidas necesarias para proteger los intereses del Estado y garantizar que el proceso de licitación sea transparente y justo.