El Estado colombiano recibió un duro revés judicial al ser condenado a pagar más de 206 millones de pesos a la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien fue detenida injustamente en 2010 bajo señalamientos de nexos con grupos paramilitares.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Fiscalía y el Das violaron los derechos fundamentales de la exsenadora al privarla de la libertad sin suficientes evidencias.

Gutiérrez, quien estuvo recluida 15 días en 2010, demandó por los perjuicios morales y materiales que le significó su detención preventiva, la cual fue declarada ilegal posteriormente.

Tras 12 años de lucha legal, la excongresista del Partido Conservador logró que la justicia le diera la razón y que el Estado asumiera responsabilidad patrimonial por este grave error judicial.

El caso pone nuevamente sobre la mesa el tema de los falsos positivos judiciales y la necesidad de reformas profundas para evitar detenciones arbitrarias originadas en falsos testigos o pruebas fraguadas.