El gobierno de Gustavo Petro presentó una polémica iniciativa al Congreso que busca otorgarle facultades extraordinarias para reestructurar la Procuraduría General de la Nación, lo que ha generado fuertes críticas desde la oposición.

El proyecto permitiría al presidente mediante decretos trasladar funcionarios de la Procuraduría al área administrativa de la Rama Judicial y reorganizar o eliminar algunas dependencias.

Desde el gobierno argumentan que se requiere renovar la estructura para volverla más eficiente. Pero líderes como Álvaro Uribe advierten que se pondría en riesgo la independencia del Ministerio Público.

Otro objetivo clave es que la Procuraduría no pueda sancionar a funcionarios de elección popular como alcaldes y gobernadores. Esto, según el gobierno, para acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que benefició a Petro cuando fue destituido como alcalde.

También se busca que la Procuraduría y la Contraloría no ejerzan funciones jurisdiccionales ni limiten derechos políticos de los ciudadanos.

La reforma apenas empieza su debate en el Legislativo y promete ser intensa. El procurador Alejandro Ordóñez aún no se pronuncia sobre la iniciativa que recortaría drásticamente las facultades de la entidad que dirige.