En un intento por abordar el creciente problema de ataques de perros sin control contra las personas en Colombia, el Congreso ha iniciado una discusión sobre un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente la responsabilidad de los propietarios de mascotas. El proyecto, conocido como ‘Un bozal que salva vidas’, busca actualizar la legislación existente para establecer medidas más estrictas y claras para la tenencia y el cuidado de los perros, especialmente aquellos considerados de “manejo especial” o anteriormente llamados “razas peligrosas”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en Colombia, aproximadamente 4.4 millones de hogares tienen al menos una mascota, lo que demuestra el amor por los animales en el país. Sin embargo, el crecimiento en la población de perros y gatos ha llevado a un aumento en los problemas relacionados con la crianza y el comportamiento de las mascotas, lo que ha resultado en un aumento significativo de los ataques de perros a personas.

En 2022, se documentaron 5,136 ataques de perros contra personas en Cali, y en Bogotá, durante el mismo año, se registraron 6,503 ataques, lo que equivale a un promedio de 54 casos por día. Además, se impusieron 179 multas por la falta de bozal y 127 por no llevar correa.

El proyecto de ley presentado por el senador Jota Pe Hernández busca establecer una serie de medidas preventivas, como la prohibición de acceso de perros de manejo especial a zonas de juego infantil, la obligatoriedad de una póliza de responsabilidad civil extracontractual para los propietarios de estos perros, la esterilización obligatoria después de los 6 meses y la prohibición de importar ciertas razas.

Sin embargo, uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la disposición que permite que el animal sea sacrificado si ataca y mata a un menor de 14 años. Aunque inicialmente se discutió la posibilidad de imponer responsabilidad penal a los propietarios, finalmente se excluyó esta opción debido a la complejidad de establecer y probar un delito en estos casos.

El vicepresidente del Senado, Didier Lobo, ha abierto la puerta a debatir la posibilidad de crear un tipo penal en el proyecto de ley. Argumenta que se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir las muertes de niños a manos de perros de razas peligrosas y que los propietarios deben enfrentar consecuencias legales por las acciones de sus mascotas.

En este sentido, si un perro llegara a matar a una persona, el propietario podría ser imputado por un homicidio culposo. A pesar de que la idea puede parecer exagerada para algunos, los casos documentados de ataques de perros a personas han resultado en tragedias, y las autoridades han enfrentado dificultades para tomar medidas efectivas.

Mientras el proyecto de ley se prepara para su primer debate en el Congreso, muchas personas afectadas por ataques de perros, como Íngrid Pulido y María Archila, han compartido sus historias de terror. Demandan la necesidad de establecer responsabilidades penales para los dueños de mascotas que atacan a personas, ya que las multas actuales parecen insuficientes para prevenir futuros incidentes.

Paula Jaramillo, cuya hija fue atacada por perros de raza akita, también se suma a la petición de medidas más contundentes. En su caso, una multa fue la única consecuencia para el propietario de los perros, lo que refleja la necesidad de cambios en la legislación que permitan una acción más efectiva de las autoridades.

La abogada Diana Carolina Cruz, quien tiene varios casos documentados, presentará evidencia durante la discusión del proyecto para respaldar la necesidad de actualizar las normas vigentes en esta materia. A medida que avancen los debates en el Congreso, se determinará si se incluirán aspectos penales en la legislación o si se tramitarán en una reforma separada. En cualquier caso, el objetivo principal es garantizar la seguridad de las personas y prevenir futuros incidentes de ataques de perros.

WC con información de Semana