La justicia condenó a los oficiales de la autodenominada “comunidad del anillo” por el delito de constreñimiento a la prostitución. Los imputados, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron encontrados culpables luego de un juicio que se extendió durante varias semanas.

Según pudo reconstruir la fiscalía, los condenados utilizaban su poder e influencias para captar a jóvenes mujeres con falsas ofertas de trabajo. Una vez que lograban convencerlas de trasladarse a otro lugar, las obligaban a prostituirse en prostíbulos controlados por la organización.

En el curso del proceso fueron identificados, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.

De otra parte, se estableció que el entonces mayor Torres Orjuela, que tenía a su cargo el control de los alumnos, intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieron a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto.

El caso generó conmoción en la opinión pública y organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como un paso importante para erradicar estas mafias que lucran con la explotación sexual. Sin embargo, advirtieron que todavía queda mucho por hacer para asistir y reinsertar a las víctimas de estas redes.