La situación de violencia en San Andrés es alarmante, con un total de 24 homicidios registrados en lo que va del año. La tasa de esclarecimiento de estos crímenes es baja, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a instar al gobierno y a las autoridades locales a implementar medidas urgentes para proteger a la población de la isla.

La Defensoría del Pueblo ha identificado diversas causas subyacentes a esta oleada de homicidios. Entre ellas se encuentran la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales, que han contribuido a aumentar la tensión y la frustración en la comunidad. También se destaca la baja oferta educativa, lo que puede limitar las perspectivas de desarrollo y crecimiento de los habitantes del archipiélago.

Además, se ha señalado que el fortalecimiento de las estructuras armadas y el crimen organizado han tenido un papel en el aumento de los homicidios. La Defensoría, en su Alerta Temprana 028-2022, ya había advertido sobre la instrumentalización de menores de edad en estos conflictos, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.

En respuesta a esta crisis, las autoridades locales han decidido militarizar la isla para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los turistas. El Ejército se ha unido a los esfuerzos de las autoridades civiles y gubernamentales para combatir las amenazas de seguridad y restaurar la paz en la región.

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a construir una cultura de paz, respeto y diálogo como una forma de abordar los conflictos y las diferencias en la comunidad. Reconocen la importancia de encontrar soluciones pacíficas y democráticas para superar los problemas sociales y evitar la escalada de violencia.

En conclusión, la situación en San Andrés es crítica debido a la creciente ola de homicidios. La colaboración entre las autoridades, la sociedad civil y la población local es esencial para abordar las causas subyacentes de la violencia y trabajar hacia la restauración de la seguridad y la paz en la isla.

Con información de El Tiempo