La Corte Constitucional ordenó que las empresas, entidades públicas y privadas deberán llamar y tratar a las personas transgénero por el nombre de su identidad de género, independientemente de que lo hayan cambiado o no en sus documentos de identidad.

La decisión del alto tribunal señala que exigir el cambio de nombre legal en la cédula o registro civil para poder llamarse por su nombre elegido constituye un acto discriminatorio basado en la identidad de género.

“Todas las personas trans tienen derecho a ser nombradas acorde a su identidad de género, sin importar si han realizado o no el cambio de nombre en sus documentos”, indicó la Corte.

Con esta sentencia, las compañías y entidades deberán adaptar formularios, bases de datos y demás sistemas para permitir que las personas trans utilicen su nombre de elección en trámites, contratos, llamados telefónicos y toda comunicación.

La Corte aclaró que esto no exime de realizar la modificación del nombre legal cuando sea necesario, pero este procedimiento no puede ser una barrera para el reconocimiento de la identidad de género.