En un sorprendente giro de los acontecimientos, la dueña de las reconocidas empresas colombianas Servientrega y Efecty, Luz Mary Guerrero, ha sido absuelta de todas las acusaciones relacionadas con el caso de los Panama Papers. La Fiscalía no logró demostrar que Guerrero haya evadido impuestos o enriquecido ilegalmente, lo que llevó al juez del caso a cuestionar seriamente la validez de la investigación fiscal y solicitar una investigación penal sobre varias irregularidades en el proceso.

La absolución también se extendió al representante legal de la firma panameña Mossack Fonseca en Colombia, Juan Arellano Rumazo, quien también estaba siendo procesado en relación con el caso. El fallo del juez especializado se produjo en la mañana de este viernes 30 de junio de 2023, y generó fuertes críticas hacia la Fiscalía por parte del magistrado, quien señaló que no se presentaron pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra Guerrero y los demás procesados.

El juez enfatizó que la Fiscalía no logró demostrar que la empresaria haya evadido impuestos o enriquecido ilegalmente. Además, se decretó la prescripción de la acción penal por conductas como falsedad en documento privado, administración desleal y concierto para delinquir. Asimismo, Sara Guativa, mano derecha en la compañía de Guerrero, también fue absuelta de todas las acusaciones.

“La Fiscalía no demostró la comisión de los delitos. Hubo una falta evidente de pruebas claras y creíbles que pudieran socavar la presunción de inocencia. La Fiscalía cometió una serie de errores, por lo que se tomarán medidas para investigar cómo recopiló la información en este caso”, declaró el juez del caso durante la mañana de este viernes.

La teoría del caso presentada por la Fiscalía, que fue derrotada en el juicio, sostenía que Guerrero y Guativa utilizaron los servicios irregulares de Mossack Fonseca en Colombia para enriquecerse ilegalmente con $3.5 millones de dólares. Según la Fiscalía, también participaron en este supuesto plan el representante legal de la firma panameña en Colombia hasta 2015, Juan Arellano Rumazo, y Jorge Humberto Sánchez Amado, el revisor fiscal. Sin embargo, el fallo del juez desestimó estas acusaciones.

Tanto la Procuraduría como la defensa de Servientrega y Efecty expresaron su descontento con la actuación de la Fiscalía durante el proceso. Durante las audiencias de alegatos de conclusión en mayo pasado, el procurador del caso solicitó la absolución de los acusados y criticó duramente a la fiscal por los errores cometidos al presentar las pruebas. El procurador señaló que la Fiscalía no logró demostrar, por ejemplo, que los contratos con empresas extranjeras fueran ficticios o que Guerrero se hubiera enriquecido ilegalmente.