La Procuraduría General de La Nación le envió una carta al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender, donde alerta que está en grave riesgo de que sea suspendido en por lo menos 12 entidades territoriales.

En la misiva, el Ministerio Público, con gran preocupación dice que en los municipios de Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva; y departamentos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Boyacá, los altos costos de los artículos de la canasta familiar los tienen en riesgo de seguir adelante con el PAE.

Entre los casos más alarmantes se encuentra el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, que tendrían que suspender el programa en los meses de julio y agosto. Lo realmente alarmante de esta situación, es que algunas entidades se han planteado la posibilidad de disminuir la cobertura, situación que desvirtúa el objetivo del programa.

“Ningún niño en el país, que esté cobijado bajo el Plan de Alimentación Escolar, debería dejar de recibir alimentos, pero es tan difícil y grave esta situación, que lo que está advirtiendo la Procuraduría es que de ser suspendido el servicio, 808.453 niños, niñas y jóvenes de estos territorios dejarán de recibir comida”, precisa el documento.