Luego de las revelaciones hechas por el fiscal Francisco Barbosa sobre el caso de la ex niñera de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y al hecho de que a la mujer se le habrían hecho interceptaciones telefónicas de manera ilegal, a través de la Dijín, el Congreso también toma partido en el escándalo.

En este sentido, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, ha decidido citar con carácter de urgencia a Iván Velásquez, ministro de Defensa, y al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, a un debate de control político en la Cámara de Representantes.

El objetivo de la solicitud del congresista es que ambos funcionarios “respondan por los hechos informados por parte del fiscal general de la Nación, donde presuntamente miembros del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional (DIJIN) adelantaron interceptaciones ilegales (chuzadas), utilizando el aparato estatal de forma ilegal en contra de la señora Marelbys Meza”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha reaccionado a la denuncia hecha por el fiscal general de la Nación, afirmando que él mismo fue víctima de interceptaciones ilegales en enero pasado. Ha instruido a que se descubra quién dio la orden y ha instado a la Fiscalía General y a la Policía a llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Además, ha enfatizado que el Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales y que aquellos responsables deben asumir las consecuencias, sin importar su posición.

A medida que avanza la investigación sobre el caso de hurto en la casa de la jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, se van revelando más detalles sobre las presuntas irregularidades cometidas. La Policía ha confirmado que se ingresaron las líneas telefónicas de dos empleadas de Sarabia en un caso que no guardaba relación con la investigación en curso, corroborando así la declaración del fiscal Francisco Barbosa sobre las interceptaciones ilegales llevadas a cabo durante el proceso.

En relación a esto, la autoridad ha agregado: “Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha mencionada se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

Ante las posibles irregularidades cometidas por miembros de la DIJIN, la Policía ha iniciado una investigación disciplinaria para determinar las responsabilidades en este caso.