Una marcada xenofobia hacia los venezolanos es cada vez más evidente en Colombia, sobre todo porque los índices de criminalidad han aumentado por cuenta de las bandas del crimen organizado que se han internacionalizado, como el Tren de Aragua, pero tamhién por delitos de diferente índole cometidos por delincuentes comunes de esta nacionalidad.

No obstante, esta semana surgió un hecho que podría ser determinante en el objetivo de limpiar un poco la mala imagen que tienen los venezolanos en Colombia, luego de que Jaime Andrés Beltrán, un concejal de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, denunciara la existencia de organizaciones que falsifican y venden cédulas venezolanas, las cuales estarían siendo adquiridas por delincuentes colombianos, para delinquir a nombre de ciudadanos venezolanos.

Según la investigación del concejal Jaime Andrés Beltrán, los delincuentes colombianos que se hacían pasar como venezolanos, han estado comprando cédulas falsas venezolanas en los últimos meses a través de anuncios clasificados por Internet, documentos que les permiten evadir a las autoridades colombianas y hacerse pasar por ciudadanos venezolanos, para de esa forma cometer delitos en su país, así como en cualquier otra parte del mundo donde se están movilizando estos delincuentes

Además la impunidad y reincidencia delictiva, esta situación se convierte en un creciente problema ya que, una vez son capturados, estos delincuentes son presentados ante un juez como ciudadanos venezolanos y en muchos casos, son dejados en libertad, según la naturaleza de sus delitos, por tratarse de crímenes menores, que no ameritan su aprehensión.

Por otro lado, algunos de estos delincuentes son deportados a Venezuela, donde son liberados después de que al ser verificados en la base datos de los organismos de seguridad aparecen limpios, es decir, sin antecedentes, razón por la cual retoman la calle donde nuevamente vuelven a cometer delitos utilizando las mismas cédulas falsas.

La utilización de cédulas venezolanas falsas por parte de delincuentes colombianos plantea serias implicaciones para la seguridad y el sistema judicial. Por un lado, se dificulta la identificación y persecución de los verdaderos responsables de los delitos, generando una impunidad con la que son tratados una vez son capturados; por otra parte, aumenta el descrédito de los venezolanos en Colombia, donde si bien están amparados por el programa de protección temporal, enfrentan tratos discriminatorios en algunos sectores de la sociedad.

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