La Fiscalía acusó a una funcionaria de la Procuraduría, una exasesora del Tribunal Administrativo del Atlántico y cuatro abogados por presuntamente integrar una red de corrupción que direccionó fallos judiciales.

El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido. Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.

De otra parte, se estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass. Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias.