El gobierno de Colombia ha dado un giro inesperado en su estrategia para la captura de alias Jhon Mechas, uno de los disidentes más buscados de las Farc. Después de haber suspendido la orden de captura contra él como parte de un proceso de paz, el presidente Gustavo Petro ha firmado una resolución que solicita a la Fiscalía que reactive la orden y continúe las operaciones militares y policiales para dar con su paradero.

Jhon Mechas, también conocido como Javier Alonso Velosa, es considerado uno de los líderes del Estado Mayor de las Farc y ha sido señalado como responsable del atentado contra el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque en Norte de Santander. Además, se le atribuye ser uno de los principales colaboradores del jefe disidente Iván Mordisco.

La nueva decisión del gobierno ha generado controversia, ya que en febrero pasado se había solicitado la suspensión de la orden de captura contra Jhon Mechas debido a que se encontraba en proceso de acercamiento con el Ejecutivo. Sin embargo, la designación como miembro representante del Estado Mayor Central de las Farc no implicaba la suspensión de la investigación judicial en su contra.

La petición del presidente Petro incluye a otros 18 disidentes del Estado Mayor de las Farc, quienes sí cuentan con la suspensión de las órdenes de captura para facilitar su acercamiento y posible incorporación al proceso de paz. No obstante, la situación de Jhon Mechas es diferente debido a su historial delictivo y su implicación en hechos violentos.

La captura de Jhon Mechas es una prioridad para las autoridades colombianas, ya que sobre él pesa una circular roja de la Interpol y la Policía ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su captura.

En este sentido, las operaciones militares y policiales continuarán en todo el territorio colombiano para dar con su paradero y poner fin a su carrera delictiva. Mientras tanto, los otros disidentes del Estado Mayor de las Farc tendrán la oportunidad de evaluar su posible incorporación al proceso de paz en una eventual mesa de conversaciones con el gobierno.