La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dictaminado que, en casos de procesos judiciales, las mascotas pueden ser embargadas como medida cautelar. La medida se hizo evidente en un caso de divorcio donde los dos perros de la pareja fueron objeto de embargo.

La decisión judicial ha generado controversia y debate en torno al estatus legal de los animales y su reconocimiento como seres sintientes en la ley colombiana.

La Sala Civil de la Corte Suprema confirmó la decisión de un juez de segunda instancia que negó la tutela interpuesta por el denunciante, quien argumentó que los derechos de sus hijos estaban siendo amenazados por el embargo de sus mascotas.

La denunciante reclamó “la protección de sus garantías esenciales de unidad familiar, libre desarrollo de la personalidad y salud“, y consideró “irregular” y que “vulneraba” sus derechos y los de su hijo, según se recoge en el fallo de la Corte Suprema.

La Corte Suprema explicó que el denunciante podría presentar una oposición al embargo de los animales y someterla al escrutinio del juez de familia, quien evaluaría las circunstancias que rodean la supuesta “propiedad” y los vínculos afectivos con las mascotas.

El magistrado Luis Alonso Rico, ponente de la decisión, señaló que el mecanismo correcto para impugnar la medida era a través del proceso civil, y no por medio de una tutela. Sin embargo, el magistrado Aroldo Wilson Quiroz discrepó con la decisión, argumentando que el embargo de las mascotas implica que los perros son considerados “cosas”, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional los reconoce como “seres sintientes”.

El debate en torno al estatus legal de los animales en Colombia continúa. Los defensores de los derechos de los animales argumentan que los animales no son objetos y merecen un estatus legal que refleje su capacidad para experimentar dolor y sufrimiento. La falta de leyes y jurisprudencia clara sobre el tema ha generado controversia en los casos en los que las mascotas son objeto de decisiones judiciales.

El caso de los perros de la pareja que se separó se suma a otros casos en los que las mascotas son el centro de decisiones judiciales. A falta de una legislación clara que marque la pauta para decidir sobre el tratamiento legal de los animales, es necesario un debate público y una intervención activa de la Corte Constitucional y el Congreso para garantizar una protección efectiva de los derechos de los animales y su estatus legal como seres sintientes en Colombia.